El impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible esta constituido por la propiedad de los bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana sitos en los respectivo término municipal, o por la titularidad de un derecho real de usufructo o de superficie, o de la de una concesión administrativa sobre dichos bienes o sobre los servicios públicos a los que estén afectados, y grava el valor de los referidos inmuebles.

     A efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza urbana:

   a) El suelo urbano, el declarado apto para urbanizar por las normas subsidiarias, el urbanizable o asimilado por la legislación autonómica por contar con las facultades urbanísticas inherentes al suelo urbanizable en la legislación estatal..
Asimismo, tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza urbana los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuente, además, con alcantarillado, suministro de agua. suministro de energía eléctrica y alumbrado público y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.
  Tendrán la misma consideración los terrenos que se fraccionen en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin que ello represente alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos a otros efectos que no sean los del presente impuesto.

   b) Las construcciones de naturaleza urbana, entendiendo por tales:
  1. Los edificios sean cualesquiera los elementos de que estén construidos, los lugares en que se hallen emplazados, la clase de suelo en que hayan sido levantados y el uso a que se destinen, aun cuando por la forma de su construcción sean perfectamente transportables, y aun cuando el terreno sobre el que se hallen situados no pertenezca al dueño de la construcción, y las instalaciones comerciales e industriales asimilables a los mismos, tales como diques, tanques y cargaderos.
  2. Las obras de urbanización y de mejora, como las explanaciones y las que se realizan para el uso de los espacios descubiertos, considerándose como tales los recintos destinados a mercados, los depósitos aire libre, los campos o instalaciones para la práctica del deporte, los muelles, los estacionamientos y los espacios anejos a las construcciones.
  3.Las demás construcciones no calificadas expresamente como de naturaleza rústica en el párrafo siguiente.


     Tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza rústica:
  a) Los terrenos que no tengan la consideración de urbanos conforme a lo dispuesto en la letra a) del párrafo anterior.
  b) Las construcciones de naturaleza rústica, entendiendo por tales los edificios e instalaciones de carácter agrario, que, situados en los terrenos de naturaleza rústica, sean indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.

   En ningún caso tendrán la consideración de construcciones, a efectos de este impuesto, los tinglados o cobertizos de pequeña entidad utilizados en explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales que, por el carácter ligero y poco duradero de los materiales empleados en su construcción, solo sirvan para usos tales como el mayor aprovechamiento de la tierra, la protección de los cultivos, albergue temporal de ganados en despoblado o guarda de aperos e instrumentos propios de la actividad a la que sirven y están afectos, tampoco tendrán la consideración de construcciones a efectos de este impuesto las obras y mejoras incorporadas a los terrenos de naturaleza rústica, que formarán parte indisociable del valor de éstos.

    Gozarán de exención los siguientes bienes:
  a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, y estén directamente afectados a la defensa nacional, seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios; asimismo, y siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito: las carreteras, los caminos, los de dominio público marítimo-terrestre e hidráulico.

  b) Los que sean de propiedad de los municipios en que estén enclavados, afectos al uso o servicio público así como los comunales propiedad de dichos municipios y los montes vecinales en mano común.

  c) Los montes poblados con especies de crecimiento lento de titularidad pública o privada. Esta exención se refiere a las especies de crecimiento lento, mencionadas en los anexos 1, 2 y 3 del Real Decreto 378/1993, de 12 de marzo, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, y a aquella parte del monte poblada por las mismas, siempre y cuando la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate.
   Asimismo, los montes no contemplados en el párrafo anterior, en cuanto a la parte repoblada de las fincas en que las corporaciones, entidades y particulares realicen repoblaciones forestales, y también los tramos en regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. La exención prevista en este párrafo tendrá una duración de quince años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.

  d) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, fechado el 3 de enero de 1979 y en vigor el día 4 de diciembre del mismo año.

  e) Los de tas Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, con las que se establezcan los acuerdos de cooperación a que se refiere el artículo 16 de la Constitución, en los términos del correspondiente acuerdo.

  f) Los de la Cruz Roja Española.

  g) Los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación
diplomática o consular, o a sus organismos oficiales, a condición de reciprocidad o conforme a los Convenios Internacionales en vigor.

  h) Los de aquellos organismos o entidades a los que sea de aplicación la exención en virtud de Convenios Internacionales en vigor.

  i) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas.
No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la Dirección ni las instalaciones fabriles.

  j) Los declarados expresa e individualizadamente monumentos o jardín histórico de interés cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscritos en el Registro General a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español; así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.
  Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones:
  - En zonas arqueológicas: los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.
  - En sitios o conjuntos históricos: los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el artículo 86 del Reglamente de Planeamiento Urbanístico como objeto de protección integral, en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

  k) Los bienes de naturaleza urbana cuya base imponible sea inferior a 100.000 pesetas, así como los de naturaleza rústica, cuando para cada sujeto pasivo la base imponible correspondiente a la totalidad de sus bienes rústicos sitos en el municipio sea inferior a 100.000 pesetas. Estos límites podrán ser actualizados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año.

  l) Los centros docentes privados acogidos al régimen de conciertos educativos, en tanto mantengan su condición de centros total o parcialmente concertados.

    Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas y jurídicas, y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria  que sean: 
  a) Propietarios de bienes inmuebles gravados, sobre los que no recaigan derechos reales de usufructos o de superficie.
  b) Titulares de un derecho real de usufructo sobre bienes inmuebles gravados.
  c) Titulares de un derecho real de superficie sobre bienes inmuebles gravados.
  d) Titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles gravados o sobre los servicios públicos a los que se hallen afectados.

      La base imponible de esté impuesto estará constituida por el valor de los bienes inmuebles.
   Para la determinación de la base imponible, se tomará como valor de
los bienes inmuebles el valor catastral de los mismos, que se fijará tomando como referencia el valor de mercado de aquellos, sin que, en ningún caso, pueda exceder de éste.
 
  1. El valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana estará integrado por el valor del suelo y el de las construcciones.
   2. Para calcular el valor del suelo, se tendrán en cuenta las circunstancias urbanísticas que le afecten 
   3. Para calcular el valor de las construcciones, se tendrán en cuenta, además de las condiciones urbanístico-edificatorias, su carácter histórico-artístico, su uso o destino, la calidad y la antigüedad de las mismas y cualquier otro factor que pueda incidir en el mismo.

  1.-.El valor catastral de los bienes de naturaleza rústica estará integrado por el valor del terreno y de de las construcciones 
  2.- El valor de los terrenos de naturaleza rústica se calculará capitalizando al interés que reglamentariamente se establezca las rentas reales o potenciales de los mismos, según la aptitud de la tierra para la producción, los distintos cultivos o aprovechamientos y de acuerdo con sus características catastrales.
   Para calcula dichas rentas, se podrá atender a los datos obtenidos por investigación de arrendamientos o aparcerías existentes en cada zona o comarca de características agrarias homogéneas.
   Asimismo, se tendrá en cuenta, a los efectos del presente apartado, las mejoras introducidas en los terrenos de naturaleza rústica, que forman parte indisociable de su valor, y, en su caso los años transcurridos hasta su entrada en producción; para la de aquellos que sustenten producciones forestales, se atenderá a la edad de la plantación, estado de la masa arbórea y ciclo de aprovechamiento.
   En todo caso, se tendrá en cuenta la aplicación o utilización de medios de producción normales que conduzcan al mayor aprovechamiento, pero no la hipotética aplicación de medios extraordinarios.
   No obstante, cuando la naturaleza de la explotación o las características del municipio dificulten el conocimiento de rentas reales o potenciales, podrá calcularse el valor catastral de los bienes, incluidas sus mejoras permanentes y plantaciones, atendiendo al conjunto de factores técnico-agrarios y económicos y a otras circunstancias que les afecten.
   3.- El valor de las construcciones rústicas se calculará aplicando las normas contenidas en el apartado 3 del párrafo anterior, en la medida que lo permita la naturaleza de aquéllas.

a
      1. Los valores catastrales se fijan a partir de los datos obrantes en los correspondientes Catastros inmobiliarios. Dichos valores catastrales podrán ser objeto de actualización, revisión o modificación  según los casos
       2. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán actualizar los valores catastrales por aplicación de coeficientes.
       3. Los valores catastrales de los bienes inmuebles situados en       municipios en los que, con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/1997, de 9 de abril, se aprueben ponencias de valores que afecten a la totalidad de los bienes inmuebles de naturaleza urbana no serán actualizados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado mediante la aplicación de coeficientes, desde el año en que empiece a aplicarse la reducción a los inmuebles del municipio.

    La base liquidable del Impuesto sobre Bienes Inmuebles será el resultado de practicar, en su caso, en la imponible las reducciones que legalmente se establezcan.
   La determinación de la base liquidable es competencia de la Dirección General del Catastro y será recurrible ante los Tribunales
                                         ------------------
    1º La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.
    2º El tipo de gravamen será el 0.4 % cuando se trate de bienes de naturaleza urbana y el 0.3 % cuando se trate de bienes de naturaleza rústica.
   3º No obstante lo dispuesto en el apartado anterior los Ayuntamientos podrán incrementar los tipos de gravamen hasta los límites siguientes:

  
   4º Además, en aquellos municipios en los que concurra alguna de las circunstancias que a continuación se especifican, los Ayuntamientos respectivos podrán incrementar los limites fijados en el apartado anterior con los puntos porcentuales que en cada caso se indican:

 

  A) Municipios que sean capital de provincia o Comunidad Autónoma .........................................
  B) Municipios en los que se preste servicio de transporte público colectivo de superficie ..............
  C) Municipios cuyos Ayuntamientos presten mas servicios de aquellos a los que estén obligados según lo dispuesto en el Art. 24 de la Ley 7/1985, de 2 de abril ..................................................................

  A los solos efectos de los bienes de naturaleza rustica, se añade a las circunstancias anteriores especificadas las siguientes :

                                                                               Puntos porcentuales
    Municipios en los que los terrenos de
 naturaleza rustica representen mas del 80
 % de la superficie total del término  .......................          0.15 


    5º Los Ayuntamientos en cuyos municipios concurran más de una de las circunstancia especificadas en el apartado anterior, podrán optar por incrementar los puntos porcentuales correspondientes a todas ellas, a varias o a una sola.
    6º En los municipios en los que entren en vigor revisiones o modificaciones de los valores catastrales con arreglo a lo dispuesto en los artículos anteriores, los Ayuntamientos respectivos podrán reducir durante un periodo máximo de seis años hasta la cuarta parte los tipos de gravamen generales previstos en el apartado 2 anterior
  7. Los Ayuntamientos cuyos municipios estén afectados por procesos de revisión o modificación de valores catastrales, aprobarán los tipos de gravamen del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles correspondientes durante el primer semestre del año inmediatamente anterior a aquel en que deban surtir efecto, excepto en los casos en que el número de unidades urbanas sea superior a 750.000, en que la aprobación se efectuará antes del 31 de diciembre del año anterior a aquel en que se inicien las notificaciones individualizadas a cada sujeto pasivo. De dicho acuerdo deberá darse traslado a la Dirección General del catastro antes del termino de los mencionados plazos.  

            

   En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedaran afecto al pago de la totalidad de las deudas tributarias y recargos pendientes por este impuesto en los términos previstos en el articulo 41 de la Ley General Tributaria, que dispone:
   << 1.  Los adquirientes de bienes afectos por Ley a la deuda tributaria responderán con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se paga.
         2.  La derivación de la acción tributaria contra los bienes afectos exigirá acto administrativo notificado reglamentariamente, pudiendo el adquiriente hacer el pago, dejar que prosiga la situación o reclamar contra la liquidación practicada o contra la procedencia de dicha derivación
         3.  La derivación solo alcanzará el limite previsto por la Ley al señalar la afección de los bienes >>